Ha sido inaugurado un jardín en recuerdo a la doctora, con la lectura de un manifiesto por parte de sus compañeros de profesión

El delegado del Gobierno apoya a la Justicia en la consideración de delito de cualquier agresión a un empleado público

 El delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar ha asistido esta mañana por invitación del alcalde Moratalla, Juan Llorente Martínez, al Pleno extraordinario celebrado en dicha localidad con motivo de la concesión de honores a la doctora asesinada brutalmente el pasado mes de marzo, mientras llevaba a cabo sus tareas profesionales en el Centro de Salud de Moratalla, Mª Eugenia Moreno Martínez.

Posteriormente se ha otorgado a los familiares de la mencionada doctora la distinción de Hija Adoptiva a título póstumo, el de Hijo Predilecto al conductor de la ambulancia, Juan Miguel Moya López, que también resultó herido de bala en su intento de defenderla de la agresión, y Mención Especial de la Corporación a los tres policías locales que intervinieron en dicho suceso, reduciendo al agresor.

Seguidamente se ha procedido a inaugurar un jardín situado frente al Centro de Salud, que llevará por nombre “Doctora Mª Eugenia Moreno Martínez”, en el que se ha instalado un monolito en recuerdo a su persona y se ha procedido a leer un manifiesto por parte de sus compañeros de profesión.

González Tovar ha señalado que es preciso tener unos niveles aceptables de seguridad en los centros sanitarios que permita proteger a sus trabajadores de cualquier tipo de agresión. También ha apuntado la necesidad de fomentar la conciencia social y la educación cívica, potenciar la información y poner en práctica la cultura de la prevención.

Otro aspecto fundamental sería la mejora de la formación del personal sanitario, para dotar a estos trabajadores de las herramientas que les permitan dar solución a los distintos procesos en los que se pueden encontrar en su trabajo diario, como pueden ser la conflictividad o las agresiones.

También ha señalado que ha dado su apoyo sistema judicial, desde donde también se da respuesta a la prevención y la protección frente a las agresiones. “Así lo entiende la Fiscalía General del Estado que ordenó en noviembre de 2008 que las agresiones contra los trabajadores de la Sanidad pública, al igual que la sufrida por los profesores, se consideraran como un delito de atentado a la autoridad y funcionario público”, ha declarado.

Respecto a este acontecimiento ha señalado que “nada puede aminorar el dolor que sienten sus familiares, compañeros y amigos por tan irreparable pérdida. Pero con estos actos simbólicos queremos, entre todos, mostrar a todos los trabajadores del sistema sanitario, que no están solos y que la sociedad no vive con indiferencia su situación y los riesgos de su trabajo de cara al público”.

“Estas distinciones contribuyen a la concienciación de la sociedad en su conjunto, y la necesidad del trato respetuoso, educado y digno hacia todos los profesionales sanitarios, docentes, o a cualquier trabajador, público o privado, víctimas de una agresión en el desempeño de su trabajo y por el ejercicio de su función” ha concluido.